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Por: Laura Cordero

Guillermo Padrés llegó al gobierno de Sonora como una esperanza. Una oportunidad a la alternancia, en un estado que había sido gobernado por el PRI. Pero, a un año de dejar el poder, para políticos, periodistas y activistas ha sido una decepción. Desde el desarrollo económico, la rendición de cuentas y sobre todo en la salud. Hay que recordar que fue precisamente en Sonora donde un indigente murió en la calle al no recibir servicios en un hospital. Otra de las deudas que quedó a deber a los sonorenses es por el caso ABC. Pese a que prometió justicia para los niños muertos en la tragedia, los padres de los menores aún claman su ayuda. Y así. “No es momento para hablar de él acá, en Sonora”, confiesa un periodista. “No se puede escribir de él. Lo que se mueve, lo aplasta. O lo compra. Para la prensa ha sido simplemente una pesadilla…”

Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).– “Esto supera las anécdotas”, dice un periodista, y aclara como una flecha: “Nada de esto es para publicar, ¿he? Nada. Se habla de corrupción con uniformes escolares, con obra pública, con hospitales; se sabe, porque te lo dicen los proveedores, que hasta los funcionarios de tercer nivel en el gobierno de [Guillermo] Padrés cambiaron de estatus social en pocos años. Ahora son ricos. Ahora viven en mansiones”.

Toma aire. Antes fumaba, ahora no. Se queda viendo un cigarro encendido en una cantina y parece que acerca la nariz (en las cantinas de Hermosillo se puede todavía fumar), que lo va a tomar. Pero no. En realidad, está decidiendo qué decir. Está midiendo las palabras.

“Cuando termine la administración se sabrán muchas cosas”, dice, con cierto consuelo. “Ahora no. Padrés ejerce un control férreo sobre los medios. Es desesperante. Te doy un dato que se repite una y otra vez: aquí, el ‘moche’ que se pide a proveedores no es del diez por ciento. Es del cuarenta. Te lo dicen los empresarios, ya hartos”.

El periodista, por supuesto, exige que ni se le grabe y que por ningún motivo se publique su nombre. Dice: “¿Sabías que, por ejemplo, retienen las quincenas en el gobierno estatal? ¿Por qué lo hacen? ¿Por falta de liquidez? No: muchos lo dicen: es para jinetear hasta ese dinero. Para sacarle provecho”.

Y ya. No quiere decir más. Los que lo acompañan también voltean a otro lado.

“No es momento para hablar de él acá, en Sonora”, confiesa. “No se puede escribir de él. Lo que se mueve, lo aplasta. O lo compra. Para la prensa ha sido simplemente una pesadilla…”

Otro periodista habló en el mismo tono:

“En Sonora el medio impreso más importante de circulación estatal era el periódico El Imparcial pero durante su campaña, Guillermo Padrés integró a su equipo al que era el director editorial, Jorge Morales Borbón, que ahora es el Secretario de Comunicación Social por decreto del Gobernador, ese puesto antes no era Secretaria. Así mismo, éste llevo a trabajar en la campaña a Jorge Angulo y a su esposa Miyoshi Katsuda, ellos eran el director de fotografía y la jefa de diseño del periódico, ahora ambos son directores. El primero ahora es director general de Comunicación Social y su esposa directora de Imagen, así como a varios reporteros y fotógrafos que de ser empleados de El Imparcial ahora son funcionarios del Estado y dentro del municipio”, acusó.

“Los comunicadores libres de Sonora señalan que desde la Secretaria de Comunicación Social se presiona a los medios para que sean leales a la línea que ellos les dictaban. En un principio con generosos cheques, y después con amenazas, por ejemplo a Grupo Larsa por lanzar un valiente reportaje en radio sobre la corrupción y el desvío de recursos destinados a la educación, lo castigaron cerrando repentinamente un Casino, donde el propietario de las estaciones de radio es uno de los socios, siendo que no hace pocos meses le permitieron abrirlo sin encontrar ningún inconveniente, pero después del reportaje, Protección Civil del Estado encontró que tenían muchas inconsitencias ¿No se te hace raro?”.

También pidió no revelar su identidad por los mismos motivos.

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Guillermo Padrés Elías llegó a la silla del Ejecutivo estatal de Sonora en 2009 como el Gobernador de la alternancia. Los gobiernos previos, como el de su antecesor, Eduardo Bours Castelo, eran del Partido de la Revolución Institucional (PRI). Sin embargo, a pesar de la esperanza que significó el cambio, a un año de irse del poder, queda mucho a deber a la sociedad. Eso opinan líderes y activistas.

Guillermo Noriega Esparza, director de la asociación Sonora Ciudadana, explica que el primer gobierno panista quedó a deber en desarrollo político, en rendición de cuentas, pero sobre todo en el tema de la salud. Sin embargo, en otros puntos como el desarrollo económico y el combate a la pobreza, no estuvo tan mal.

“El gobierno de la alternancia no utilizó la política como un arte para llegar a acuerdos, el estado está dividido en diversos temas: en rendición de cuentas, en cómo el gobierno del estado le rinde cuentas a sus habitantes, la verdad ahí si les ponemos tache porque no llegan las explicaciones públicas y siguen habiendo muchas dudas y muchos escándalos, muchas sospechas de fraude respecto a recursos públicos”, dice.

Asegura que actualmente Sonora es un estado dividido, “con una oposición muy fuerte, centrada en la clase media y una parte la clase alta, muchos preocupados por los principales problemas del estado y una clase media, y clase baja que ha ido centrando su fortaleza, el Parido Acción Nacional (PAN) en ellos con programas muy populistas, muy existencialistas que se ha ido fortaleciendo su base”.

El gobierno de Padrés Elías le ha apostado a proyectos de mucho presupuesto para consolidar una base social fuerte, como es la entrega de “uniformes escolares gratuitos, zapatos y útiles escolares gratuitos que van a dar. Es un sistema casi clientela de otorgar beneficios a la población abierta para generar o contrarrestar la opinión pública que constantemente está sacando fraudes o casos de corrupción”. Sin embargo, Noriega afirma que el principal “talón de Aquiles” del mandato panista es el tema de la salud.

“El Secretario actual [Bernardo Campillo García], a pesar de haber sido un gran pediatra en su ejercicio privado, la verdad deja mucho que desear como funcionario público, su desempeño ha sido terrible, el Hospital General del estado ha decaído de manera estrepitosa, han habido grandes escándalos nacionales precisamente porque se han mostrado imágenes y fotos de cómo han ido decayendo, nosotros mismos hemos documentado casos de negligencias médicas y en cómo las autoridades o las instituciones que están para atenderlas no funcionan debidamente”.

En el mismo tono, otro ciudadano opinó: “en salud el estado esta peor que nunca, hay desabasto de medicinas, no hay médicos especialistas, los hospitales están en muy malas condiciones. Hay dos mil 300 millones de pesos perdidos en el ISSSTESON y se ha comprobado con documentos que la Directora [Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa] ha hecho uso de recursos en gastos superfluos como cremas faciales de cinco mil pesos compradas el Liverpool, Home Theater de 150 mil pesos, etcétera”.

También pidió reservar su identidad, pues consideró a las personas del gobierno como “muy poderosas y corro riesgo”.

Respecto al cambio de partido político en el poder respondió irónico:

“Los únicos que han tenido cambios positivos son los funcionarios del gabinete estatal, el Secretario de Gobierno actual [Roberto Romero López], cambio de esposa, de carro, de casa, hasta tiene una huerta en la que construyó una barda que pone en riesgo a los asentamientos aledaños. El Secretario de Comunicación igual cambio de esposa, carro, casa, y así todos por el estilo, de tener un estilo de vida en la medianía, ahora viven como miembros del jet set“.

EL TALÓN DE AQUILES

El 22 de octubre de 2013, José Sánchez Carrasco, un jornalero en situación de pobreza extrema, falleció en el Hospital General de Guaymas, Sonora. Cinco días duró su agonía en el patio del nosocomio, pues no fue atendido porque no tenía dinero para pagar el servicio, sin embargo, fueron tres semanas las que duró sin comer.

“El llegó al hospital pero no contaba con dinero y no se le pudo atender y él mismo decidió quedarse debajo de un árbol, donde durmió varios días y un médico salió a checarlo en el trayecto de su estancia en las afueras del hospital, pero nunca fue hospitalizado”, admitió el director del recinto, Alfredo Cervantes Alcaraz, quien días después fue cesado de su cargo.

Un día antes de su muerte fue grabado en video, explica su origen. Da detalles de dónde nació, sobre su familia. Acusó a los doctores de no haberle dicho nada. “[El doctor] ni siquiera habló conmigo, nomás me dijo: ‘quítate la ropa para que te refresques’”.

Envuelto en una cobija, expresó que ya no podía caminar y que se había lastimado la columna en la siembra de sandía, cerca de un lugar que identifica como “Doce”. Tras haberse lastimado, declaró que tomó un autobús porque “ya no podía trabajar”.

El trabajador agrícola fue sepultado en una fosa común después de tres meses de haber fallecido.

El caso de José Sánchez no es el único, días después se reveló el de Armando Machí Serrano, un hombre que perdió la vida en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Nogales, cuando un médico se negó a auxiliarlo al llegar al nosocomio sangrando por la boca.

Su hijo, denunció a la prensa local que su padre falleció por la apatía y falta de criterio médico. Armando presentó una crisis a raíz de un diagnóstico de enfisema pulmonar, aunado a una bronconeumonía, lo que ocasionó una hemorragia en el tubo digestivo alto y con ello la expulsión de sangre por la garganta.

“Mi padre ya se encontraba internado varios días atrás y no me quejo de la atención de los médicos y enfermeras que estuvieron durante su convalencia. Pero cuando entró en crisis, empezó a vomitar sangre; yo lo levanté de la cama para que no se ahogara y solicité la ayuda de un médico que se encontraba a un costado mío. Se negó ayudarme argumentando que no era su paciente y que no podía hacer nada”, dijo.

Pero a pesar de las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre los casos, continúan las negligencias.

Apenas este año, Constantino Ortíz Rendón, otro jornalero originario de Guerrero, falleció el 11 de junio en el Hospital del municipio de Empalme, presuntamente por una falta de atención médica. De acuerdo con el dictamen médico Ortiz Rendón falleció por golpe de calor y deshidratación; el paciente acudió al centro de salud de La Atravesada en el que Hugo Enrique Arellano Arias, quien fuera el médico encargado, se negó a atenderlo.

La CNDH también abrió una investigación sobre el caso. Además de estos casos de negligencia, el director de Sonora Ciudadana menciona que otro gran problema es la falta de medicamentos. “Hay una ausencia de medicamentos que es grave y ha marcado estos cinco años”. En tres meses, Sonora Ciudadana A.C. documentó más de 400 denuncias en contra de la Secretaría de Salud por largos tiempo de espera, desabasto de medicamentos y deficiencias en servicios médicos.

Los Malnacidos

Durante la campaña a la gubernatura en 2009, Padrés Elías dijo: “El primer día que llegue al gobierno del estado no va a volver a haber aumentos, no va a volver un aumento en el agua, en los prediales, en las placas, no va a haber ni un centavo más en las actas de nacimiento”, sin embargo, la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2013, aprobada el 17 de diciembre de 2012 incluía un nuevo impuesto.

El Gobernador propuso el Impuesto Contribución al Fortalecimiento Municipal (Comun), que sustituyó a la recaudación por la desaparecida tenencia vehicular federal y quegrava con 3 por ciento del valor de los vehículos no mayores a 10 años. Las protestas de los ciudadanos comenzaron.

El 10 de enero de 2013, Padrés Elías ofreció una conferencia de prensa donde se le preguntó sobre las advertencias de organizaciones de boicotear la Serie del Caribe que se realizaría a partir del 1 de febrero en el Estadio Sonora en protesta del Impuesto Contribución al Fortalecimiento Municipal (COMUN), a lo que Padrés respondió:

“Yo creo que no se vale. Si tienen una inconformidad con el gobierno, con los diputados, que nos la hagan saber a nosotros. No tienen por qué castigar a la ciudadania. Eso no es un sonorense bien nacido, quien quiere boicotear la Serie del Caribe… traiciona a Sonora (….) eso sí me preocupa, pero dialogaremos con todos, atenderemos todas las voces para que no suceda”.

Los ciudadanos se manifestaban bajo el movimiento “No a la Tenencia”, sin embargo, luego de lo dicho por el Gobernador se proclamaron “Los Malnacidos”. Padrés se disculpó: “Alguien tergiversó o mal utilizó mis palabras para poder hacer ver alguna otra situación que yo no quise expresar, pero si alguien lo sintió así con mucho gusto le ofrezco disculpas”. A pesar de ello, el nombre permaneció y sus manifestaciones también.

GISELA PERAZA

El 10 de noviembre de 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 54/2013 al Gobierno de Sonora por “tortura, detención y retención arbitraria” de Gisela Peraza Villa por el presunto robo de una maleta con dinero de la Casa de Gobierno del estado.

En el documento se relata que Gisela Peraza era ama de llaves de la Casa de Gobierno de Sonora y tras ser acusada del robo fue encerrada en su cuarto hasta el día siguiente. Posteriormente elementos de la Policía Estatal Investigadora la esposaron y trasladaron a sus instalaciones donde “fue interrogada, golpeada, insultada y se le colocó una bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarla”.

Ahí permaneció retenida hasta el 17 de marzo siguiente, cuando a las 23:00 horas la llevaron ante el agente del Ministerio Público, quedando en libertad el viernes 18 de ese mes y año.

El 5 de abril subsecuente, nuevamente fue detenida por elementos de esa corporación policiaca, quienes en sus instalaciones la golpearon, le vendaron la cara, la enrollaron en una cobija, le amarraron las manos, la patearon y echaron agua en la cara para ahogarla, mientras la interrogaban sobre el dinero robado.

Finalmente la llevaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJESON) donde le informaron que se encontraba sujeta a una medida cautelar de arraigo, tras lo cual de nuevo la trasladaron a las instalaciones policiales, para torturarle de nueva cuenta; finalmente fue alojada en un hotel donde permaneció arraigada.

ACUEDUCTO INDEPENDENCIA

Con una inversión de casi cuatro mil millones de pesos, el gobierno de Sonora construyó el Acueducto Independencia para resolver el abasto de agua en la ciudad de Hermosillo, extrayendo el recurso de la presa “El Novillo” y fue inaugurado el 30 de marzo de 2013.

Inició su construcción a finales de 2010 para llevar 75 millones de metros cúbicos de agua anuales del Río Yaqui, en la presa Plutarco Elías Calles (El Novillo) hasta la ciudad de Hermosillo a través de 172 kilómetros de tubería de acero.

Las autoridades no realizaron un estudio sobre el caudal ecológico que indique la cantidad de agua que se puede extraer dependiendo de los escurrimientos y la disponibilidad de agua.

Agricultores del sector social y privado, así como indígenas de la etnia Yaqui promovieron amparos en contra de la construcción y operación de la obra, porque consideraban que afecta sus dotaciones de agua.

Desde el anuncio del proyecto, los yaquis se han mantenido en una lucha constante en contra del Acueducto, motivo por el que el propio Gobierno inició una campaña en contra de la tribu e incluso, dos de los líderes del movimiento en defensa del agua, Mario Luna y Tomás Rojo, tienen órdenes de aprehensión en su contra, aunque hasta el momento no han sido ejecutadas.

Luna salió huyendo de Sonora por el acoso de las autoridades, y aseguró que el gobierno prepara órdenes de aprehensión en contra de otros tres líderes por este caso. Se les acusa de privación ilegal de la libertad. A principio de mes, el Juez Octavo de Distrito con sede en Ciudad Obregón ordenó suspender la operación del Acueducto Independencia, en un plazo de tres días después de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) recibiera la notificación.

Los yaquis celebraron, pues la suspensión llegó en medio de un proceso de consulta que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al reconocer que fue violado el derecho a la consulta de la tribu desde que inició la mega obra de Padrés. También desconoció la legalidad de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Sin embargo, el Fondo de Operaciones Sonora Sí (Fonsí), impugnó la sentencia y en menos de tres días la orden fue revocada y el Acueducto Independencia seguirá su curso. En octubre del año pasado, un grupo de 102 organizaciones e instituciones académicas, entre ellas, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Programa Intercultural de Asuntos Indígenas de la Universidad Iberoamericana se unieron para conformar la Misión de Observación sobre la Consulta a la Tribu Yaqui, esto a partir de la violación por parte del Estado mexicano al no cumplir la sentencia emitida por la SCJN. Desde entonces han denunciado las violaciones a los derechos fundamentales de la Tribu Yaqui, requisito que suspendería completamente el funcionamiento del Acueducto Independencia.

“Observamos varias etapas del proceso, la Consulta previa libre informada, en la cual se debió dar información antes de la construcción del megaproyecto, sin embargo, “esto ya no se dio. En realidad llegaron, pusieron el acueducto y después los Yaquis iniciaron el propio proceso para echar para atrás el propio proyecto y fue ahí cuando se ganó en la Suprema Corte la Consulta, pero en la parte previa documentamos que no fue tomada en cuenta la Tribu para construir el acueducto”, dijo Javier Bautista, integrante del Programa Intercultural de Asuntos Indígenas.

Ahora, la Misión asegura que el Estado está a tiempo de cumplir con su cabalidad, pues podría reanudarse la consulta en la cual ahora sí se respeten los derechos de la Tribu, pues ésta debería ser, de acuerdo con los estándares internacionales, previa, informada y libre.

GUARDERÍA ABC

El 5 de junio de 2009, aun bajo el mandato de Bours Castelo ocurrió una de las mayores tragedias nacionales. La guardería ABC en Hermosillo se incendió, 49 niños perdieron la vida y 76 más resultaron con lesiones.

Padrés, ya elegido como ganador virtual de la gubernatura prometió trabajar en el caso, sin embargo, cinco años después de la tragedia, no hay castigo para ningún funcionario. Incluso, el Procurador estatal, Abel Murrieta Gutiérrez, quien inició las investigaciones del origen del siniestro durante la administración de Bours fue ratificado por el panista.

Ahora se desempeña como Diputado local por el PRI. Fue hasta el siguiente año de los hechos cuando el Gobernador aseguró que les debía “un perdón” a los menores fallecidos y un “lo siento” a los padres. Aseguró que la declaración de día de luto el 5 de junio no era suficiente, pero se comprometió a “hacer lo correcto”.

“Las tragedias nos unen y hoy vemos a Sonora y a todo México unidos por el dolor, unidos en el amor”, dijo frente a algunos padres de los menores.

Ahora, a cinco años de la tragedia, alrededor de 25 personas, entre ellas los propietarios de la guardería, han sido procesados por su presunta responsabilidad en el incendio de la guardería ABC, sin embargo, ninguna se encuentra en prisión.

La Procuraduría General de la República inició, desde abril del año pasado, una nueva investigación sobre el siniestro para investigar si fue provocado, hasta el momento no han revelado avances.

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