Por Daniel Sánchez Dórame

Un Tribunal Agrario ordenó suspender la construcción de la presa Bicentenario en Sonora, hasta que se resuelva de fondo un recurso jurídico interpuesto por propietarios de los ejidos ‘El Chorijoa’ y ‘Cejaqui’, quienes afirman que fueron engañados para vender las tierras donde se pretende construir la obra hídrica.

Aunque la suspensión de la presa fue girada por los Jueces desde el 23 de septiembre del año en curso, el pasado lunes 30 de septiembre, el mandatario Guillermo Padrés Elías dio el banderazo de arranque a la construcción de la presa que supuestamente vendría a prevenir inundaciones en municipios del sur Sonora.
Documentos oficiales en poder de Excélsior, confirman que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 35, con sede en Ciudad Obregón, concedió la suspensión a los quejosos desde una semana antes del arranque de la construcción, la fecha coincide con la del comunicado de prensa donde el Gobierno de Sonora anunciaba que el Gobernador pondría la ‘primera piedra’.

Según el expediente jurídico, la demanda es por un conflicto relacionado con la tenencia de la tierra, controversia agraria y nulidad de actos o contratos que contravengan leyes en la materia.

“Para garantizar la eficacia de la sentencia que se dicte y evitar que durante el procedimiento se alteren situaciones de hecho o derecho, con fundamento en la articulo166 de la Ley Agraria, ha lugar a decretar la medida precautoría solicitada, en el sentido de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan; es decir, que no se inicie la construcción de la presa denominada Bicentenario, específicamente en el sitio Los Pilares, ni tampoco se introduzcan en sus terrenos el Fondo de Operaciones de Obra Sonora SI (Gobierno del Estado), ni la empresa ganadora de la licitación Inmobiliaria Canoras (constructora)”, dicta el resolutivo judicial.

Aunque la inconformidad con la presa Bicentenario inició con miembros de la tribu Guarijío que por temor y desconocimiento se oponían a la construcción de la obra porque iba a inundar su territorio, este recurso jurídico fue interpuesto por administradores de los ejidos ‘El Chorijoa’ y ‘Cejaqui’, a quienes el Gobierno de Sonora compró terrenos para la obra con la promesa de hacerlos socios de una “posible y futura” planta hidroeléctrica que finalmente fue descartada del proyecto hídrico.

En total 2 mil 305 hectáreas ejidales quedarían bajo el agua, los propietarios accedieron a vender sus terrenos bajando el precio de 20 mil pesos por hectárea a 4 mil 950 pesos, porque supuestamente tendrían acciones de la planta y al ver que el proyecto arrancaría sin ésta se sintieron engañados y demandaron.