De Lilly Téllez, el Lunes, 06 de junio de 2011 a las 10:12

“Lo bueno es que ya no hablan de nosotros, ya nos bajaron del Internet, ya se están olvidando de nosotros, gracias a Dios” así lo dijo Sandra Lucía Téllez, en tono de alivio y remató : “ mejor no hacemos la entrevista”.
Sandra Lucía Téllez es una de las dueñas de la guardería ABC del IMSS en Hermosillo.

Me habló hace mas de un año cuando se enteró de que realizaría un programa en TVAZTECA sobre el incendio que ocasionó la muerte de 49 menores y me ofreció “toda la información y documentos que demuestran nuestra inocencia”.

Habíamos acordado una entrevista con motivo del primer aniversario de la tragedia, “también puedes entrevistar a mi abogado, él te va a explicar todo porque hay muchas cosas que han manejado muy mal los medios de comunicación”.

Un par de semanas después me llamó para cancelar la entrevista. Se arrepintió. Por consejo de su abogado dijo que no les convenía hablar públicamente porque ya no los estaban mencionando en los medios ni en el Internet.

“Es la estrategia del abogado, porque si hablamos, otra vez se van a venir contra nosotros pero yo te doy los documentos y los estudias para que veas la verdad”.

No hubo forma de convencerla a ella para que respondiera con claridad sobre su responsabilidad en las fallas de seguridad del inmueble. Tampoco su esposo y copropietario de la guardería, Alfonso Escalante Hoeffer, quiso hablar del asunto.

Para los dueños de la guardería, Sandra Lucía Téllez, Alfonso Escalante Hoeffer, Antonio Salido Suárez, Gildardo Urquídez y Marcia Gómez del Campo Tonella, fue suficiente la amarga experiencia de la conferencia de prensa en la que se presentaron vestidos de blanco. Ciertamente estaban asustados y afligidos.

Como integrantes de la alta sociedad sonorense y ostentando cargos públicos en el gobierno y en el partido de Eduardo Robinson Bours, no soportaron el escrutinio de los medios y el posterior desprecio de los ciudadanos que les exigían cuentas.

Desde la óptica de estas personas parecería ya un “sin sentido” responder ante quienes son ajenos a su círculo social.

Finalmente los arzobispos de Hermosillo les lavaron la cara al enviar una carta a las autoridades judiciales en la que con “verdadera alegría” señalan que los propietarios de la guardería son “ciudadanos que han trabajado honradamente y nunca han tenido problemas con la justicia”. Hasta ahora.

Muchos de los miembros del ámbito social en el que viven los defienden con el argumento de que “todo fue culpa del IMSS” y gozan de la tranquilidad de contar con recursos para pagar su defensa.

Mas aún: fueron protegidos con celo por sus familiares poderosos.

Contra lo que muchos creen, no es el parentesco con Margarita Zavala lo que jugó en su favor. La primera dama apenas conocía a Marcia Gómez del Campo y es difícil imaginar que arriesgaría su reputación para defenderla.

Es otro personaje el que tiene la capacidad y el interés de mover los hilos para ayudarlos: Ricardo Mazón, cuñado de Alfonso Escalante Hoeffer.

Mazón es uno de los hombres mas acaudalados de Sonora. Con gran ostentación ha cultivado amistad y tejido intereses en común con los gobiernos estatales en turno. En Sonora es difícil que un miembro de su familia sea tratado o juzgado como un ciudadano común.

El hecho es que resulta inexplicable que los cinco dueños de la guardería no se dieran cuenta de algunas de las fallas de seguridad mas elementales del local. Para ello no se requiere ser un experto en protección civil, basta el sentido común:

1.-Dos de las tres salidas de emergencia estaban BLOQUEADAS con muebles de oficina.

2.-Las salidas de emergencia NO ABRIAN mediante una operación simple de empuje porque contaban con mecanismos de cerradura.

3.-El número de infantes respecto a los adultos era DESPROPORCIONADO para una situación de emergencia

4.-El inmueble se encontraba ubicado en una ZONA PELIGROSA: a cuarenta y tres metros de una gasolinera y colindante con una llantera.

5.-NO HABIA pasillo de salida entre el salón de usos múltiples y la puerta de salida. El área de paso obligado estaba llena de mobiliario y cubierta con una LONA PLASTICA altamente flamable.

6.-Solo contaba con cuatro alarmas de incendio, colocadas en un clóset de aseo, otra en el guardarropas del personal, la tercera en la máquina expendedora y la última en la recepción, SIN ESTAR CONECTADAS a ningún dispositivo, bocina o campana.

7.-El muro de mampostería que dividía la nave industrial tenía VARIOS ORIFICIOS hasta de veinte por veinte centímetros.

Se entiende que el abogado de los dueños no quiera exponerlos a que se les hagan esas observaciones ante un medio de comunicación. Sus clientes se hundirían aún más y se renovaría el odio colectivo que los dejó marcados.

Si bien es real que no se litiga en los medios, también lo es que ante el juicio público no hay forma de exonerarlos.

No creo que alguien en su sano juicio piense que los dueños de la guardería tenían intenciones de provocar una tragedia pero indigna la falta de civilidad para rendir cuentas y asumir su responsabilidad.

A dos años del incendio la estrategia del abogado de Sandra Lucía Téllez ha probado ser eficiente y como ella lo dice: “ya nadie nos señala, ya nadie nos recuerda, ya pasó lo difícil, ya mejor lo dejamos así por respeto al dolor de los padres de los niños”.

Todo sea por no estar en boca de la gente.